En el entorno empresarial actual, la integridad y la reputación son pilares fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de una organización. En Chile, la necesidad de actuar con firmeza y legalidad es más relevante que nunca.
La Ley N° 21.595 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a delitos cometidos por personas en el ejercicio de funciones en la empresa ya sea un empleado, subcontratado e incluso proveedor de servicios, cuando no se han adoptado las medidas preventivas adecuadas. Esta ley obliga a las empresas a establecer mecanismos de control y supervisión para prevenir actos ilícitos, destacando la importancia de la legalidad y la ética en la gestión empresarial.
Tomar acciones legales contra colaboradores que cometen delitos no es solo una medida de cumplimiento legal, sino también un imperativo ético. Ignorar estos actos puede ser percibido como una tolerancia a la ilegalidad, lo que puede dañar gravemente la reputación de la empresa y afectar su operatividad. Para la alta administración, actuar con integridad y conforme a la ley es esencial para mantener la confianza de los stakeholders y la legitimidad de la organización en el mercado. Además, la falta de respuesta adecuada puede ser vista como una violación de los principios de buen gobierno corporativo, lo que podría llevar a una pérdida de confianza de los inversores y otros grupos de interés.
La protección de la empresa es una de las principales razones por las que es crucial tomar acciones legales contra los colaboradores que cometen delitos. Estos actos no solo representan una amenaza directa a los activos y la reputación de la empresa, sino que también pueden implicar riesgos legales y financieros significativos. En el contexto chileno, la responsabilidad penal de la empresa puede derivar en sanciones que incluyen multas sustanciales y, en casos extremos, la cancelación de la persona jurídica.
Desde una perspectiva de gestión de riesgos, la alta administración debe adoptar un enfoque proactivo que incluya políticas claras y procedimientos estrictos para manejar situaciones de conducta delictiva por parte de los empleados. Esto no solo ayuda a mitigar los riesgos legales, sino que también actúa como un elemento disuasivo, promoviendo una cultura de legalidad y cumplimiento dentro de la organización. La prevención es clave, y esto implica la implementación de programas de Compliance efectivos que incluyan formación continua y evaluaciones periódicas de riesgos.
En términos de responsabilidad social corporativa, la inacción puede socavar la percepción pública de la empresa como una entidad responsable y ética. Las organizaciones tienen una obligación moral y social de actuar de manera íntegra y de asumir la responsabilidad por las acciones de sus empleados. Esto incluye la necesidad de tomar medidas legales apropiadas para asegurar que se mantengan los estándares de conducta esperados como aquellos incluidos en la Ley Karin y que se proteja el bienestar de la comunidad y el entorno en el que operan.
Para la alta administración, es fundamental establecer una política de cero tolerancia hacia
los actos delictivos dentro de la empresa. Esto incluye:
- Implementar un robusto programa de Compliance que asegure la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a la actividad de los empleados. Fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad mediante la formación continua y la comunicación clara de las expectativas y normas de conducta.
- Tomar acciones legales inmediatas y decisivas en caso de detectar conductas delictivas, para proteger la integridad de la empresa y disuadir futuros incidentes.
En conclusión, la toma de acciones legales contra trabajadores que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones laborales es esencial para la protección y sostenibilidad de las empresas en Chile. La alta administración debe asegurar que se adopten medidas efectivas para prevenir y gestionar estos riesgos, manteniendo un firme compromiso con la legalidad, la ética y la responsabilidad social corporativa. Esto no solo protege a la organización, sino que también contribuye al fortalecimiento de la confianza pública y la creación de un entorno empresarial más justo y seguro.
