En el caso de la sentenciada Marta Eliana Isasi Barbieri, el tribunal la condenó a 50 días de prisión; más la pena de un año y cinco meses de suspensión para cargos u oficios públicos; la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena; más una multa de la mitad del monto solicitado, equivalente a $20.000.000, en calidad de autora de un delito consumado de cohecho, en relación al ilícito cometido en los meses anteriores a julio de 2012.
Diario el constitucional 17 de abril de 2021
En fallo dividido, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exsenador Jaime Antonio Orpis Bouchon a la pena única de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos consumados de fraude al Fisco. Ilícitos perpetrados entre 2009 y 2015, en el territorio jurisdiccional del tribunal.
El Tribunal aplicó además a Orpis Bouchon las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el tiempo de duración de la condena; más el pago de una multa del 5% de lo defraudado, equivalente a $5.983.790.
En la causa, el tribunal también condenó a la empresa Corpesca SA, como persona jurídica, a pagar una multa a beneficio fiscal de 10.000 UTM (unidades tributarias mensuales), más la accesoria de obligación de publicar “un extracto de esta sentencia, a su costa, en un diario de circulación nacional, en cuanto penalmente responsable en relación a los delitos de soborno, perpetrados por su gerente general Francisco Mujica Ortúzar, entre los años 2010 y 2013; y en relación a los delitos de cohecho por los cuales resultaron condenados Jaime Orpis Bouchon y Marta Isasi Barbieri, desde la vigencia de la Ley 20.393”.
En el caso de la sentenciada Marta Eliana Isasi Barbieri, el tribunal la condenó a 50 días de prisión; más la pena de un año y cinco meses de suspensión para cargos u oficios públicos; la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena; más una multa de la mitad del monto solicitado, equivalente a $20.000.000, en calidad de autora de un delito consumado de cohecho, en relación al ilícito cometido en los meses anteriores a julio de 2012.
La pena privativa de libertad impuesta a Isasi Barbieri, “se le tendrá por cumplida con el mayor tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario, lo que da un total de 53 días, calculados en base a las horas en que estuvo sujeta a arresto domiciliario parcial nocturno, según lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal y certificado por el Jefe de Unidad de causas de este tribunal”.
Finalmente, Raúl Fernando Lobos Torres fue condenado a 541 días de reclusión; la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; 3 años y un día de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos; más una multa equivalente al 5% de lo defraudado, que corresponde a $405.000, como autor del delito consumado de fraude al fisco.
Por cumplir el condenado con los requisitos que establece la ley 18.216, el tribunal le sustituyó el cumplimiento de la pena privativa de libertad, por la de remisión condicional de la pena.
Hechos acreditados
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre 2009 y 2015, “Jaime Orpis Bouchon, en ese entonces Senador de la República, simuló la contratación de asesorías parlamentarias a la que tenían derecho los senadores para facilitar su función en el Congreso Nacional, a través de la maniobra engañosa consistente en que los emisores Carolina Gazitúa Larenas, Bárbara Molina Ellies, Lorena Lara Saldías, Javier Jara Cáceres y Mario Candia Zlatar, en distintos períodos y años, entregaron un total de 95 boletas de servicios ideológicamente falsas al Senado, ya sea, por constituir boletas de servicios sobrevaloradas, es decir, por un valor mayor al cobrado por el asesor, y en otras ocasiones, siendo absoluta y totalmente simuladas, por cuanto las referidas asesorías nunca existieron”.
Las boletas de servicios fueron autorizadas por el sentenciado y pagadas directamente por el Senado, con el consiguiente perjuicio fiscal por una cifra que excedió los 111 millones de pesos.
En tanto, el 10 de junio de 2015, “el Senado de la República –a instancia del ex Senador JAIME ORPIS BOUCHON– contrató a RAÚL FERNANDO LOBOS TORRES como asesor parlamentario del primero, quien emitió tres boletas de servicios ideológicamente falsas al Senado, toda vez que Lobos Torres nunca prestó dichos servicios de asesorías, pero que igualmente se pagaron, significando un perjuicio para el fisco de $8.100.000”, hechos constitutivos del sexto delito consumado de fraude al fisco.
Cohecho
Respecto de los dos delitos de cohecho, el tribunal dio por establecido que desde 2009 y hasta abril de 2013, el entonces senador Orpis Bouchon solicitó a Francisco Mujica, a la fecha gerente general de Corpesca S.A, la suma de $208.932.600, “los cuales se entregaron a aquél, a través del pago de boletas de honorarios ideológicamente falsas de testaferros del entonces Senador y que se distribuyeron durante los años referidos. Dicha petición se hizo a cambio de favorecer los intereses de la empresa Corpesca S.A en el desempeño de sus labores como Senador de la Republica, lo cual fue acordado entre el gerente y el parlamentario en dos oportunidades, la primera antes de junio del año 2009 y la segunda a mediados del año 2010”.
Acuerdos que “se materializaron en una primera etapa, a cambio de la presentación ante la Contraloría General de la República de un escrito enviado por Francisco Mujica Ortúzar el 12 de junio de 2009, impugnando el decreto de la Subsecretaría de Pesca que fijaba la cuota de captura del recurso jurel, relevante para Corpesca S.A, y que se presentó en conjunto con los entonces Senadores Fernando Flores y Carlos Cantero, éste último en la creencia de haber sido confeccionado por Orpis Bouchon, y bajo el membrete del Senado”, añade.
“La Contraloría General de la República –continúa– modificó el decreto administrativo de la Subsecretaría de Pesca, de manera que el 22 de diciembre de 2009 Francisco Mujica Ortúzar pidió el cumplimiento del mismo a la Subsecretaría de Pesca, quien a su vez lo impugnó, ‘dictando la Contraloría General de la República el nuevo Dictamen n° 27.466 igualmente favorable a los intereses de Corpesca S.A, y que Jaime Orpis Bouchon le remite a Francisco Mujica Ortúzar desde su correo jorpis@senado.cl, respondiendo Mujica: ‘Jaime, excelente el resultado, ahora afinaremos con la SSP (Subsecretaría de Pesca) el camino más corto y seguro de obtener una cuota adicional de jurel’’.
Además, se acreditó que “Jaime Orpis siguió durante la tramitación del Boletín 7255-03 sobre “Regulación de Cuotas Anuales de Captura Pesquera” y que dio lugar a la Ley 20.485, promoviendo y votando tanto en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura como en las Sesiones del Senado, el fundamento del dictamen 68001 originado en el escrito enviado desde la empresa Corpesca S.A.”.
Solicitud de dinero que el exparlamentario “realizó por segunda vez a mediados de 2010, en que se acordó los actos funcionariales que se concretaron en el año 2012 durante la tramitación del Boletín 8091-21 a que dio lugar la Ley General de Pesca, y respecto del cual, Orpis Bouchon recibió diversas instrucciones tanto por parte de Francisco Mujica, como del ejecutivo Ramón Pino Correa sobre los intereses importantes para Corpesca S.A., como las Licencias Transables de Pesca (artículo 26 A), las Licitaciones de las licencias (artículo 27), las Perforaciones a las 5 millas y la transferibilidad de las licencias, haciéndole saber cuáles eran sus peticiones y cómo se debían aprobar o rechazar, votando Jaime Orpis Bouchón finalmente en el sentido indicado y a favor de los intereses de Corpesca S.A, todo ello, mientras recibía sumas de dinero mensuales y regulares, en tanto que en los meses relevantes las sumas de dinero eran superiores”.
“Así, Jaime Orpis Bouchon en ambos casos promovió y votó proyectos de ley en que tenía un interés directo, mientras le pagaba la empresa Corpesca S.A, debiendo cumplir, además de las obligaciones que le asiste por ley a cualquier funcionario público de ser honesto, leal y transparente, los deberes específicos impuestos de abstenerse de hacerlo y revelar dicho interés, infringiendo los artículos 5A y 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y artículo 8° del Reglamento del Senado”, concluye con relación al condenado Orpis Bouchon.
Marta Isasi Barbieri
Respecto a la sentenciada Isasi Barbieri, el tribunal dio por suficientemente acreditado que “antes de julio de 2012, la entonces diputada de la República “solicitó a Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de la empresa Corpesca S.A, un pedimento económico de $40.000.000, de los cuales éste al menos le pagó la suma de $11.314.044, a cambio de haber recibido instrucciones directas durante la tramitación de la Ley General de Pesca, de los empleados de Corpesca S.A Michel Campillay Cañas y Ramón Pino Correa tanto en la redacción del discurso e informe de la ley, y principalmente, a cambio de haber votado en sala los temas relevantes para la empresa Corpesca S.A, tal cual fue instruida tanto por los empleados antes citados como por Francisco Mujica, infringiendo con ello los deberes impuestos en los artículo 5°A y 5°B de la Ley Orgánica Constitucional, en especial, el de abstenerse de promover o votar aquellos casos en que tenía interés directo por estar recibiendo un beneficio económico de la empresa Corpesca S.A.”.
Corpesca
En cuando a Corpesca S.A., el tribunal dio por acreditado que: “Entre 2009 y abril de 2013, el senador de la República en ejercicio Jaime Orpis Bouchon solicitó a Francisco Mujica Ortúzar, a la fecha gerente general de Corpesca S.A, la suma de $208.932.600 (doscientos ocho millones, novecientos treinta y dos mil, seiscientos pesos) los cuales se entregaron a través del pago de boletas de honorarios ideológicamente falsas a testaferros del entonces Senador y que se distribuyeron durante los años referidos. Dicha petición se hizo a cambio de favorecer los intereses de la empresa Corpesca S.A en el desempeño de sus labores como Senador de la Republica, lo cual fue acordado entre el gerente y el parlamentario en dos oportunidades, la primera antes de junio del año 2009 y la segunda a mediados del año 2010, excluyéndose el primero, por estar fuera de la vigencia de la ley 20.393”.
A mediados de 2010, “se pactaron los dineros y los actos funcionariales durante la tramitación del Boletín 8091-21 que dio lugar a la ley General de Pesca, donde el entonces Senador Orpis Bouchon, recibió diversas instrucciones por parte del Gerente General de Corpesca S.A Francisco Mujica Ortúzar como del ejecutivo de esta empresa Ramón Pino Correa sobre los intereses importantes para Corpesca S.A como las Licencias Transables de Pesca (artículo 26 A), las Licitaciones de las licencias (artículo 27) , las Perforaciones a las 5 millas y la transferibilidad de las licencias, haciéndole saber cuáles eran sus peticiones y cómo se debían aprobar o rechazar, votando Jaime Orpis Bouchón finalmente en el sentido indicado y a favor de los intereses de Corpesca S.A.”.
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“También antes de julio de 2012, Francisco Mujica Ortúzar acordó con la Diputada en ejercicio Marta Isasi Barbieri el pago de $40.000.000, solicitados por ésta, a fin de favorecer los intereses de Corpesca S.A durante la tramitación del Boletín 8091-21 que dio lugar a la Ley General de Pesca, quien votó y promovió los intereses de la empresa ante la Cámara de Diputados”, consigna la resolución.
“En efecto, los actos funcionariales pactados entre el gerente general de Corpesca S.A, Francisco Mujica Ortúzar y los acusados Jaime Orpis Bouchon y Marta Isasi Barbieri, fueron sobre los mismos temas relevantes para la empresa y donde ambos recibieron una contraprestación económica a cambio de su ejecución durante su labor legislativa”, cierra.
La decisión de absolución del encartado Orpis Buchón por el delito tributario de facilitación de boletas falsas del artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, fue acordada con el voto en contra de la magistrado Bugueño Juárez, quien estimó que la conducta reiterada del acusado Jaime Orpis Bouchon de facilitar boletas de honorarios falsas por el período de cuatro años, sumado a la calidad de abogado y parlamentario que participó en la creación de la ley tributaria que configuró el tipo penal de facilitación de boletas de documentos tributarios; aunado al acuerdo pactado con el Gerente General de la empresa Corpesca S.A, quien accede a esta entrega de dineros, sólo bajo la figura de admitir estos documentos tributarios fraudulentos, con la consiguiente modificación del impuesto a declarar; y que bajo ese acuerdo, por tanto, que Orpis Bouchón sólo haya supuesto “que la empresa lo imputaría a gastos rechazados”; es un
argumento que a juicio de esta disidente resulta inadmisible en virtud 3601 3601 de la calidad profesional y circunstancias personales del encartado, las cuales sólo permiten inferir de manera visible el dolo directo sobre la acción de facilitación imputada a Orpis Bouchón, atendido que es un delito de mera actividad que se perfecciona con la facilitación, y teniendo el conocimiento de que su conducta importaba un delito tributario, sin perjuicio, que en la más beneficiosa de las hipótesis, llegue a configurar un dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias.
Así las cosas, argüir que el dolo del encartado sólo se dirigía a obtener un financiamiento irregular de la política, sustrayéndose mentalmente que dicha conducta a su vez, implicaba la modificación fraudulenta del impuesto, resulta acomodaticio e irrelevante para la
configuración del injusto penal, máxime, si el fin de la norma es sancionar la conducta de facilitación y a cuyo respecto el acusado participó de su creación, no pudiendo ignorar deliberadamente el objetivo del precepto.
A mayor abundamiento, el fin último de su conducta, esto es, que haya facilitado boletas falsas para el fin que fuera, sea noble o espurio-en este caso, para obtener dinero para sí- resulta absolutamente intrascendente, por cuanto su utilización constituye la etapa de agotamiento del delito, el cual ya se perfeccionó con la ejecución de la “conducta de facilitación”, dando cumplimiento objetivo y subjetivo al tipo penal imputado.
