Importancia de tomar acciones legales contra trabajadores que cometen delitosen el ejercicio de sus funciones.
En el entorno empresarial actual, la integridad y la reputación son pilares fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de una organización. En Chile, la necesidad de actuar con firmeza y legalidad es más relevante que nunca. La Ley N° 21.595 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a delitos cometidos por personas en el ejercicio de funciones en la empresa ya sea un empleado, subcontratado e incluso proveedor de servicios, cuando no se han adoptado las medidas preventivas adecuadas. Esta ley obliga a las empresas a establecer mecanismos de control y supervisión para prevenir actos ilícitos, destacando la importancia de la legalidad y la ética en la gestión empresarial. Tomar acciones legales contra colaboradores que cometen delitos no es solo una medida de cumplimiento legal, sino también un imperativo ético. Ignorar estos actos puede ser percibido como una tolerancia a la ilegalidad, lo que puede dañar gravemente la reputación de la empresa y afectar su operatividad. Para la alta administración, actuar con integridad y conforme a la ley es esencial para mantener la confianza de los stakeholders y la legitimidad de la organización en el mercado. Además, la falta de respuesta adecuada puede ser vista como una violación de los principios de buen gobierno corporativo, lo que podría llevar a una pérdida de confianza de los inversores y otros grupos de interés. La protección de la empresa es una de las principales razones por las que es crucial tomar acciones legales contra los colaboradores que cometen delitos. Estos actos no solo representan una amenaza directa a los activos y la reputación de la empresa, sino que también pueden implicar riesgos legales y financieros significativos. En el contexto chileno, la responsabilidad penal de la empresa puede derivar en sanciones que incluyen multas sustanciales y, en casos extremos, la cancelación de la persona jurídica.Desde una perspectiva de gestión de riesgos, la alta administración debe adoptar un enfoque proactivo que incluya políticas claras y procedimientos estrictos para manejar situaciones de conducta delictiva por parte de los empleados. Esto no solo ayuda a mitigar los riesgos legales, sino que también actúa como un elemento disuasivo, promoviendo una cultura de legalidad y cumplimiento dentro de la organización. La prevención es clave, y esto implica la implementación de programas de Compliance efectivos que incluyan formación continua y evaluaciones periódicas de riesgos. En términos de responsabilidad social corporativa, la inacción puede socavar la percepción pública de la empresa como una entidad responsable y ética. Las organizaciones tienen una obligación moral y social de actuar de manera íntegra y de asumir la responsabilidad por las acciones de sus empleados. Esto incluye la necesidad de tomar medidas legales apropiadas para asegurar que se mantengan los estándares de conducta esperados como aquellos incluidos en la Ley Karin y que se proteja el bienestar de la comunidad y el entorno en el que operan. Para la alta administración, es fundamental establecer una política de cero tolerancia hacialos actos delictivos dentro de la empresa. Esto incluye: En conclusión, la toma de acciones legales contra trabajadores que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones laborales es esencial para la protección y sostenibilidad de las empresas en Chile. La alta administración debe asegurar que se adopten medidas efectivas para prevenir y gestionar estos riesgos, manteniendo un firme compromiso con la legalidad, la ética y la responsabilidad social corporativa. Esto no solo protege a la organización, sino que también contribuye al fortalecimiento de la confianza pública y la creación de un entorno empresarial más justo y seguro.
Características Clave de un Encargado de Prevención de Delitos según la Ley N° 21.595.
Para cumplir eficazmente con su rol dentro de una organización, el encargado de prevención de delitos debe reunir las siguientes características: 1. Independencia 2. Conocimiento Técnico 3. Capacitación Continua 4. Autoridad Suficiente 5. Capacidad de Gestión de Riesgos 6. Habilidades de Comunicación 7. Confidencialidad 8. Experiencia en Investigación 9. Proactividad y Visión Preventiva 10. Capacidad de Supervisión y Monitoreo 11. Manejo de Canales de Denuncia 12. Transparencia y Reportes Un encargado de prevención de delitos con estas cualidades garantiza una gestión eficiente y un cumplimiento adecuado de la Ley N° 21.595, protegiendo a la empresa de riesgos penales y fortaleciendo su cultura de Compliance. Sebastián Izquierdo Bascuñán, abogado, RED Tecnologic Compliancesizquierdo@redia.clwww.redia.cl
Implementación Efectiva de un Modelo de Prevención de Delitos bajo la Ley 21.595.
La reciente entrada en vigencia de la Ley 21.595 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ha hecho que muchas empresas actualicen o diseñen por primera vez sus Modelos de Prevención de Delitos. Sin embargo, el desafío más grande no es solo tener un modelo robusto en papel, sino implementarlo de manera efectiva en el día a día. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas para asegurar una implementación real de su Modelo de Prevención de Delitos? 1. Conectar con las personas dentro de la organización El éxito del modelo no radica únicamente en los documentos legales. Un Modelo de Prevención de Delitos es, en esencia, una herramienta para influir en el comportamiento de las personas dentro de la empresa. La cultura de integridad y el respeto por el cumplimiento normativo son claves para prevenir conductas que puedan generar riesgos penales y reforzar comportamientos éticos. Como empresa, se debe transmitir un mensaje claro: los empleados deben ser capaces de sentir que cada acción que realizan durante el día laboral es algo que pueden compartir con orgullo con su familia o amigos. Si no es así, entonces probablemente se esté cruzando una línea ética o legal. 2. Comunicación y marketing interno Uno de los grandes desafíos es que pocos empleados leen los documentos legales o los modelos de prevención. Aquí es donde RED Tecnologic Compliance aplica estrategias innovadoras de marketing interno para captar la atención de los trabajadores. La clave es hacer que los mensajes de cumplimiento no solo sean comprensibles, sino que también generen interés y promuevan cambios de comportamiento. Capacitar y comunicar mensajes potentes, a través de medios atractivos y accesibles, ayudará a que el personal comprenda la importancia del cumplimiento y de los riesgos a los que se enfrenta la empresa si no se siguen las directrices del modelo. 3. El rol del oficial de cumplimiento El oficial de cumplimiento es una pieza central del éxito de cualquier modelo. Debe ser accesible, cercano y confiable para el personal de la empresa. Su presencia física en la empresa es clave para generar confianza, y su rol es tanto escuchar inquietudes como ayudar a mitigar riesgos. En Chile, aunque la figura del oficial externo es menos común, puede ser igualmente efectiva si se gestiona bien, como sucede en Europa. Un oficial externo, correctamente integrado en el día a día de la organización, puede aportar una visión imparcial y estar igualmente informado sobre los riesgos y preocupaciones dentro de la empresa. 4. Capacitación continua y cultura de integridad No es viable abarcar todos los delitos en cada capacitación, dado el extenso espectro que la ley cubre. Sin embargo, al fomentar una cultura de integridad, donde todos los empleados hagan lo correcto de manera proactiva, se mitigarán muchos de los riesgos asociados. La cultura empresarial debe promover valores éticos, respaldados por la alta dirección y el directorio. Un ambiente donde todos los niveles jerárquicos apoyan la integridad facilita la implementación de un modelo de prevención de delitos eficaz. El compromiso de los líderes y la coherencia entre las políticas y las acciones empresariales son esenciales para que los empleados internalicen el cumplimiento como parte de su rutina diaria. 5. Conclusión: Compliance como una estrategia integral En RED Tecnologic Compliance entendemos que implementar un modelo de prevención de delitos efectivo no es una tarea simple, pero tampoco imposible. La clave está en conectar con las personas, comunicar de forma clara, y crear una cultura sólida de cumplimiento. Al final del día, una empresa que adopta un enfoque preventivo y fomenta la integridad está no solo protegiendo su reputación y operatividad, sino también asegurando un futuro más sostenible y alineado con los principios legales y éticos que exige la Ley 21.595. ¿Tu empresa está preparada para implementar un modelo efectivo de prevención de delitos?Contáctanos y te ayudaremos a asegurar que tu compañía cumpla con la ley y fomente una cultura de cumplimiento y ética empresarial. RED Tecnologic Compliancesizquierdo@redia.cl, www.redia.cl
La Nueva Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en Chile: Análisis Jurídico bajo la Ley de Delitos Económicos.
La figura del oficial de cumplimiento (OC) en Chile ha adquirido un papel central en la prevención de delitos económicos, con un marco normativo cada vez más exigente. La promulgación de la Ley 21.595 de Delitos Económicos representa un punto de inflexión, redefiniendo las obligaciones y riesgos asociados a esta función estratégica dentro de las empresas. Antes de la Ley 21.595: un panorama ambiguo Previo a esta ley, el marco regulatorio estaba delimitado por la Ley 20.393, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta normativa requería un modelo de prevención de delitos con un encargado responsable, pero carecía de directrices específicas sobre las obligaciones del OC. En este contexto, surgieron debates doctrinales sobre su posible responsabilidad penal bajo el principio de omisión impropia, especialmente en casos de negligencia grave o dolo eventual. El vacío normativo dejaba abierta la posibilidad de que los OC fueran considerados responsables si sus omisiones permitían la comisión de delitos, pero no existía una regulación clara al respecto. Con la Ley 21.595: una responsabilidad reforzada La Ley 21.595 transforma significativamente el rol del OC, estableciendo nuevas obligaciones y posibles escenarios de responsabilidad personal, incluso penal. Los aspectos clave incluyen: 1. Responsabilidad por defecto de organización El fundamento de la responsabilidad penal empresarial recae en el concepto de «defecto de organización». Si una empresa no implementa controles adecuados para prevenir delitos, se presume una falla en la supervisión. Según el artículo 16, los OC pueden ser responsables si su negligencia o dolo contribuye a este defecto. 2. Participación directa o indirecta en delitos El artículo 8 establece que los altos ejecutivos, directores y OC pueden ser responsables penalmente si: 3. Incumplimiento de deberes del modelo de prevención El OC debe diseñar, implementar y supervisar un modelo efectivo. Omisiones como no actualizar el modelo según los riesgos, no reportar irregularidades al directorio, o permitir que el modelo sea cosmético pueden ser consideradas negligencia grave. 4. Conocimiento de irregularidades El artículo 15 menciona agravantes para quienes, ocupando posiciones jerárquicas, no previenen irregularidades conocidas. Esto incluye al OC si no actúa frente a riesgos detectados. 5. Instrumentalización de terceros El artículo 3 señala que si un delito se comete en beneficio de la empresa utilizando empleados o subordinados, los responsables jerárquicos, incluido el OC, pueden ser imputados si se demuestra negligencia o influencia indebida. Casos internacionales: aprendizajes clave Los desafíos del OC no son exclusivos de Chile. Algunos casos internacionales destacan los riesgos asociados a este rol: Estos casos subrayan la importancia de una supervisión activa y la independencia operativa del OC para mitigar riesgos de responsabilidad. Implicancias prácticas para los oficiales de cumplimiento La Ley 21.595 introduce nuevos desafíos que los OC deben gestionar con diligencia reforzada: Conclusión: un balance entre prevención y responsabilidad La Ley 21.595 establece un estándar más alto para la gestión de riesgos empresariales, lo que representa una oportunidad para profesionalizar el compliance en Chile. Sin embargo, también incrementa los riesgos para los OC, quienes ahora deben equilibrar su rol preventivo con mayores expectativas legales. El compliance no es solo una herramienta técnica, sino un compromiso ético y estratégico que involucra a toda la organización. Proteger la operación empresarial y a sus líderes requiere que las empresas adopten una visión integral, respaldando adecuadamente a los oficiales de cumplimiento para enfrentar los retos de este nuevo escenario normativo. Equipo legal, RED Tecnologic Compliance,gdominguez@redia.clwww.redia.cl
Cuando el Compliance llega tarde: leccionesdel caso ProCultura para empresas y fundaciones.
El reciente caso ProCultura ha remecido la opinión pública y el mundo institucional. Hablamos de una fundación que manejó más de 26 mil millones de pesos en convenios con el Estado, hoy investigada por delitos graves como malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y lavado de activos. Más allá del foco penal, este caso revela una verdad incómoda: el compliance no puede ser solo un concepto corporativo para grandes empresas. Debe ser una práctica real y operativa donde haya recursos públicos en juego.¿Qué falló?No hubo controles efectivos. No existieron matrices de riesgo, ni protocolos de aprobación de contratos, ni supervisión de la ejecución de los convenios. Se trató de una estructura donde la falta de controles fue una condición habilitante para el delito. ¿Qué dice la Ley de Delitos Económicos?La Ley 21.595 establece expresamente la responsabilidad penal de personas jurídicas cuando el delito ha sido cometido por falta de dirección o supervisión debida. En este caso, el aspecto más grave es el uso fraudulento de fondos públicos mediante una entidad privada con apariencia de legalidad, lo que puede configurar delitos como: ¿Qué penas arriesgan los directores y gerentes? Si se acredita su participación o su omisión dolosa o negligente, los responsables arriesgan penas de: ¿Este problema se puede dar solo para fundaciones?No. Si trabajas con el Estado —sea a través de fundaciones, empresas proveedoras, concesionarias o consultoras— estás expuesto al mismo escrutinio público y penal. La Ley 21.595 (Delitos Económicos) y la Ley de Compras Públicas avanzan hacia un estándar más exigente, donde no bastará con “no saber” lo que pasa al interior de tu organización. El compliance será una condición de continuidad operativa y reputacional. Lección claveEl caso ProCultura no solo es un escándalo: es un recordatorio. La ausencia de compliance no es neutral: es un riesgo en sí mismo. En REDia ayudamos a fundaciones, empresas y organismos que trabajan confondos públicos a implementar sistemas de prevención de delitos, canales de denuncia, auditorías y modelos de compliance eficientes, reales y viables. ¿Tu organización está preparada para enfrentar una fiscalización o una investigación?Agenda una conversación con nuestros expertos. En REDia, transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva.